LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA
COMO POLÍTICA PALANCA DE TRANSFORMACIÓN: CONFLUENCIAS CON PORTUGAL Maravillas Espín Saez Directora General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas Ministerio de Trabajo y Economía Social de España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA: UN MODELO A LA MEDIDA DE LAS PERSONAS
La Economía Social en España pone nombre al conjunto de entidades diversas que operan en el mercado económico conformando un modelo construido a la medida de las personas. Su peso económico y social va cobrando, de manera intensa, un valor específico a nivel europeo. De hecho, su larga y sostenida trayectoria de trabajo incesante, apegada a los principios que lo identifican: primacía de las personas y del fin social sobre el capital; gestión democrática; promoción de la solidaridad interna y con la sociedad y un abierto compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades y la generación de empleo, apunta a este modelo económico, como actor clave en la recuperación. Las entidades que conforman la Economía Social en España gozan de una enorme solidez. Así, la Economía Social española representa cerca de un 10% del PIB y del 12,5% del empleo, con más de 2 millones de empleos directos e indirectos. De manera reciente, la nomenclatura del Ministerio de Trabajo como Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha mostrado de manera clara la apuesta del nuevo Gobierno de España por reconocer la relevancia del sector e impulsar su visibilidad como lo que es: un modelo de transformación social y económico, que afronta los retos -los ya existentes y los sobrevenidos como consecuencia de la COVID-19- de nuestro país con la tenacidad, elasticidad e innovación requerida. Los buenos datos que ofrece el sector son generados por más de 43.000 entidades, siendo la mayor parte de ellas cooperativas, tal y como se representa en el siguiente gráfico: De igual forma, la mayor parte de los más de 2 millones de personas trabajadoras que emplea se encuentran cooperativas, estando más de la mitad de ellas asociadas a cooperativas en el sector de la agricultura y la ganadería.
El compromiso de España con la Economía Social viene de lejos y así lo demuestra el hecho de que fuera el primer país en aprobar una Ley de Economía Social: la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Este marco normativo, que cumplirá el año que viene 10 años, supuso un punto de inflexión en la consideración del sector, dotándole de un mayor reconocimiento y visibilidad acorde a su aportación a la sociedad. En esta misma política de impulso y apoyo al sector, y tras un primer Plan de Acción, se aprobó la Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. La Estrategia, que llega este año a su fin, se incorporó como una de las Políticas Palancas para cumplir con los ODS, un reconocimiento que puso de manifiesto la íntima relación entre el modelo que propugna la Economía Social y la Agenda 2030. De otra parte, y como consecuencia de la descentralización territorial llevada a cabo en España en las últimas décadas, las Comunidades Autónomas han asumido competencias en Economía Social, de tal forma que la mayor parte de ellas se han sumado a la corriente de apoyo público del sector, desarrollando sus propias leyes y estrategias, adaptándolas a las especificidades territoriales y complementando así el marco e impulso dados desde el gobierno central. Estos grandes avances y el reconocimiento indudable del trabajo realizado, que ha alcanzado su expresión más solidaria y resiliente durante la pandemia, no hace inmune a la Economía social a los retos, económicos y sociales, a los que se enfrenta el conjunto de nuestra sociedad. 2. UNA ECONOMÍA SOCIAL PREPARADA PARA AFRONTAR LOS PRÓXIMOS RETOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Entre estos retos, destaca el de la digitalización, pues la pandemia ha confirmado la necesidad existente de contar con las estructuras tecnológicas apropiadas para una economía que se ha evidenciado cada vez más interdependiente y, al mismo tiempo, competitiva. En la Economía Social, además, se da la circunstancia de que muchas de sus entidades pertenecen al mundo rural, con las dificultades que ello ha venido suponiendo en relación con la brecha digital. Las necesidades de las entidades de adaptación a las exigencias surgidas durante la pandemia han forzado este proceso de digitalización. No obstante, desde el Gobierno se ha puesta en marcha las medidas estratégicas necesarias para garantizar la igualdad y competitividad de nuestro tejido empresarial, del que forman parte esencial nuestras entidades de la Economía Social. De otra parte, se muestra imprescindible facilitar la transformación y reconversión de empresas mercantiles viables pero afectadas por la actual crisis en empresas de la Economía Social. Se trata de una apuesta por el mantenimiento y la generación de empleo y de un empleo de calidad. Esta apuesta permite, asimismo, abordar el gran reto demográfico al que se enfrenta nuestro entorno, facilitar el relevo intergeneracional y favorecer el enraizamiento en el territorio de entidades que no se deslocalizan sino que irradian tejido social y económico allí donde se asientan. Sin duda, la crisis económica del 2008 puso de manifiesto la mayor capacidad de resistencia del sector, que no solo logró conservar más tejido empresarial y empleo sino que se consolidó por la transformación de empresas mercantiles en empresas de la economía social, en casos de cierres en los que las personas trabajadoras asumían la empresa y comenzaban un nuevo camino como entidad de la economía social. Ante la crisis derivada de la pandemia del COVID19, en la que de nuevo se han vuelto a producir casos similares, se ha constatado la necesidad de establecer mecanismos que faciliten estas transformaciones, así como políticas que permitan a la ciudadanía conocer el valor de esta alternativa de autoempleo colectivo. Para transitar de la crisis en la que nos hallamos inmersos hacia una “normalidad mejor”, como decía el director general de la OIT, Guy Ryder, hay que contar necesariamente con los valores y principios que representan las entidades de la economía social, de calidad en el empleo, igualdad, integración y sostenibilidad. Con el objetivo de acompañar y apoyar al sector ante estos retos, que son de todas y todos, desde el Ministerio se va a reactivar el Consejo para el Fomento de la Economía Social. Creado en 1999 como órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con el sector, el Consejo se encuentra paralizado desde hace unos años. En la actualidad se está tramitando la reforma del Reglamento que lo regula para dotarle de un nuevo impulso y una nueva estructura más acorde a las necesidades de nuestra sociedad. Se trata del escenario institucional del diálogo entre territorios y organizaciones representativas del sector; un marco de coordinación de las políticas públicas necesarias para desarrollar la Economía Social con todo su potencial. Al mismo tiempo, se está trabajando en la evaluación de la Estrategia Española de Economía Social y en la elaboración de una nueva. Esta nueva estrategia abarcará el periodo 2021-2027, alineándose así con el periodo de programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, con la finalidad de contar, además de con recursos económicos propios, con la cofinanciación de recursos procedentes del Fondo Social Europeo, como se ha venido haciendo hasta ahora con el Programa Operativo FSE de Inclusión Social y de la Economía Social, y con los programas operativos regionales del FSE. Además, se pretende que esta Estrategia se alinee también con las estrategias respectivas de las Comunidades Autónomas, generándose así sinergias a nivel nacional que contribuyan al impulso del sector. En esta misma línea, y al objeto de contribuir económicamente al impulso de la Economía Social en España se hará uso de los Fondos Europeos provenientes del Plan para la Recuperación, tal y como confirmó el presidente del gobierno a la ministra de Trabajo y Economía Social y a las organizaciones representantes del sector en la reunión celebrada el 24 de septiembre. 3. RELACIONES CON PORTUGAL EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL: UN ESPACIO DE CONFLUENCIA En los últimos años se viene trabajando en la proyección internacional de la Economía Social, tanto a nivel multilateral como en las relaciones bilaterales. En este último ámbito es en el que destacan las relaciones con Portugal, país con el que se tiene firmado un Memorándum de Entendimiento (MoU) fruto de la similar visión sobre cómo trabajar en pro de la Economía Social, como se desprende del análisis de la Ley Portuguesa sobre la Economía Social aprobada en el año 2013. Las autoridades portuguesas han avanzado enormemente en el desarrollo e impulso de la Economía Social en los últimos años y ambos países nos beneficiamos de los conocimientos y experiencias mutuos. Para España, resulta de particular interés la experiencia en elaboración de cuentas satélite de la Economía Social de Portugal, que es una referencia internacional. Cabe destacar también la colaboración entre ambos países en el Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo. Este año España ostenta la presidencia, habiéndose celebrado una reunión, el día 28 de mayo, en la que se contó con representantes de alto nivel de 16 Estados Miembro de la Unión Europea, así como de las instituciones europeas (Comisión Europea y Parlamento Europeo), organizaciones europeas e internaciones (Comité Económico y Social Europeo, OCDE, OIT) y asociaciones representativas de la Economía Social. Dado que el próximo año, 2021, Portugal ostentará la Presidencia del grupo (coincidiendo con la asunción de la Presidencia rotatoria del Consejo), se prevé una amplia colaboración que permita continuar expandiendo el grupo y, en consecuencia, el peso de la Economía Social en la Unión Europea. Esta colaboración será clave de cara al Plan de Acción Europeo sobre Economía Social, Plan que, bajo el liderazgo del Comisario Schmit, verá la luz en el segundo semestre de 2021. La sucesión de presidencias al frente del Comité de Luxemburgo, así como la asunción de la Presidencia del Consejo por parte de Portugal en 2021, supone una oportunidad para ambos países para unir fuerzas e influir en él para potenciar la Economía Social. Además, más allá de Europa, en la última reunión del Comité, España y Portugal coincidieron en destacar la necesidad de reforzar las relaciones transfronterizas, cuestión ya planteada en el MoU junto a la posibilidad de incluir en la Agenda de las Cumbres Iberoamericanas la Economía Social y en la que deberá seguir trabajándose en los próximos meses. Cabe destacar, por tanto, el alineamiento existente con respecto a la Economía Social entre ambos gobiernos, que se beneficia, además, de las buenas relaciones entre sus organizaciones respectivas de referencia en el ámbito de la Economía Social, CEPES por parte de España y CASES por parte de Portugal, cuya labor es fundamental para hacernos llegar las demandas específicas del sector. Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de estas líneas, la Economía Social española constituye un verdadero puntal económico y social para nuestro país, habiendo demostrado durante la reciente pandemia su compromiso con unos valores y principios que hacen más fuerte a nuestras sociedades. El Gobierno de España trabaja y colabora con los agentes del sector para continuar facilitando la visibilidad de su contribución y su desarrollo. Estamos muy atentas a los países de nuestro entorno para trabajar conjuntamente en los ejes que favorezcan a la Economía Social. Entre estos países, destaca el caso de Portugal, con quien nos une lazos estrechos y un total entendimiento sobre el valor de la Economía Social. Este espacio de confluencia está permitiendo a ambos países ahondar en sus relaciones y trabajar de forma conjunta por la consolidación de la Economía Social a nivel europeo. |
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SOCIAL ECONOMY IN SPAIN
AS A TRANSFORMATION LEVERAGE POLICY: CONFLUENCES WITH PORTUGAL Maravillas Espín Saez Director General of Autonomous Work, Social Economy and Corporate Social Responsibility Spanish Ministry of Work and Social Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. SOCIAL ECONOMY IN ESPAÑA: A MODEL TAILORED DO PEOPLE
Social Economy in Spain refers to a set of diverse entities that operate in the economic market, forming a model built according to the needs of people. Its economic and social weight is gaining, intensely, specific value at European level. Indeed, its broad and sustained trajectory of incessant work, attached to the principles that identify it: primacy of people and social purpose over capital; democratic management; promotion of internal solidarity and society and an open commitment to local development, equal opportunities and job creation, attached to this economic model, as a key factor in recovery. The entities that form Social Economy in Spain enjoy enormous solidity. As such, Spanish Social Economy represents about 10% of GDP and 12.5% of employment, with over 2 million direct and indirect jobs. Recently, the naming of the Ministry of Work as Ministry of Work and Social Economy has clearly shown that the new Government of Spain is waging on acknowledging the relevance of the sector and boosting its visibility as what it is: a model of social and economic transformation, which faces challenges (present and future) as a consequence of covid-19 in our country with the required toughness, elasticity and innovation. The good data offered by the sector is generated by more than 43,000 entities, although most of them are cooperatives, as shown in the following graph: [pie chart]
(**) 185 No. of insertion companies (***) 6,739 No. of Social Economy companies with other legal forms (*****) 87 No. of Social Economy foundations (**) 198 No. of Fishermen Brotherhoods (**) 225 No. of Mutual Associations (*) 18,635 No. Cooperatives (*) 8,160 No. labour societies (****) 8,163 No. disability sector associations (**) 800 No. special employment centres for Social Economy Highcharts.com Likewise, the largest share of more than 2 million working people it employs work in cooperatives, more than half of them associated with cooperatives in the agriculture and livestock sector. (*) 314,119 No. working/labour partners and employees of companies
(*) 60,279 No. working partners and employees of labour societies (**) 202,803 No. employees of other legal figures (*****) 4,299 No. workers in insertion (*****) 85,104 No. disabled workers (*****) 2,000 No. workers in mutual associations (*****) 35,000 No. workers in fishermen’s brotherhoods (***) 329,389 No. self-employed (****) 1,151,241 No. farmers and breeders associated with cooperatives Highcharts.com Spain’s commitment to Social Economy comes from long ago, as shows the fact that this was the first country that approved a Social Economy Act: Law 5/2011, of March 29th, on Social Economy. This normative framework, turning 10 next year, marks a point of inflection in the consideration of the sector, endowing it with a greater acknowledgment and visibility according to its contribution to society. Under this same policy of boosting and supporting the sector, after the first Action Plan, the Resolution of March 15th, 2018, of the Secretary of State for Employment, was approved, to publish the Agreement of the Council of Ministers of December 29th, 2017, approving the Spanish Strategy for Social Economy 2017-2020. The Strategy, which concludes this year, has been incorporated as one of the Leverage Policies to fulfil the SDGs, which acknowledgment shows the intimate relation between the model that promotes Social Economy and the 2030 Agenda. On the other hand, as a consequence of the territorial decentralisation carried out in Spain in recent decades, the Autonomous Communities have acquired competences in Social Economy, thus most of them have joined the current of public support for the sector, developing their own laws and strategies, adapting them to territorial specificities and complementing the framework and momentum given from central government. These major steps and the undoubted acknowledgment of the work carried out, which achieved its most solidary and resilient expression during the pandemic, does not make Social Economy immune to economic and social challenges faced by the whole of our society. 2. A SOCIAL ECONOMY PREPARED TO FACE THE NEXT SOCIAL AND ECONOMIC CHALLENGES Amongst such challenges, digitisation stands out, because the pandemic has confirmed the existing need to count on the appropriate technological structures for an economy that has become increasingly interdependent and, at the same time, competitive. In Social Economy, moreover, it so happens that many of its entities belong to the rural world, with the challenges that this entails in relation to the digital divide. The needs of entities to adapt to the demands that arose during the pandemic led to this process of digitisation. However, the Government has put in place strategic measures to secure equality and competitiveness of our business fabric, essential in other Social Economy entities. On the other hand, it is critical to facilitate the transformation and reconversion of viable mercantile companies affected by the current crisis into Social Economy companies. It is a matter of maintenance, job creation and quality employment. This response also allows approaching the large demographic challenge that we face, to ease intergenerational renewal and favour settlement in the territory of entities that do not relocate but radiate social and economic fabric wherever they are settled. Without a doubt, the 2008 economic crisis demonstrated the utter resilience of the sector, which not only managed to preserve more business but also consolidated by transforming mercantile companies into social economy companies, in cases of closures in which workers took over the company and began a new path as a social economy entity. In the face of the crisis resulting from the covid-19 pandemic, in which there were similar cases again, a need was detected to establish mechanisms that facilitate such transformations, as well as policies that allow citizens to recognise the value of this alternative of collective self-employment. To move on from the crisis that we are immersed in to a “better normality”, as said the Director General of ILO, Guy Ryder, one must necessarily count on the values and principles that Social Economy entities represent, of quality employment, equality, integration and sustainability. With the aim of monitoring and supporting the sector in the face of these challenges, which are for everyone, the Ministry is going to reactivate the Council for the Promotion of Social Economy. Created in 1999 as an advisory and consultative body for activities related to the sector, the Council has been paralysed for one year. Nowadays, the reform of the Regulation is in course, which regulates it to provide new momentum and a new structure, according to the needs of our society. It is the institutional setting for dialogue between territories and organisations representing the sector; a framework for the coordination of public policies needed to develop Social Economy to its full potential. At the same time, work is being done on the assessment of the Spanish Social Economy Strategy and the development of a new one. This new strategy will cover the period 2021-2027, aligning with the programming period of the Structural Funds and European Investment, for the purpose of counting, in addition to the proper economic resources, on co-financing of resources from the European Social Fund, as we have been doing until now with the ESF Operational Programme for Social Inclusion and Social Economy, and with the ESF regional operational programmes. Furthermore, this Strategy is to be aligned with the relevant strategies of the Autonomous Communities, thus generating nationwide synergies that will help boost the sector. In this same line, with the aim of economically contributing to boost Social Economy in Spain, European Funds from the Plan for Recovery will be used, as confirmed by the prime minister to the Minister of Work and Social Economy and the organisations representing the sector at the meeting held on September 24th. 3. RELATIONS WITH PORTUGAL IN THE SCOPE OF SOCIAL ECONOMY: A SPACE FOR CONVERGENCE In recent years work has been done on the international projection of Social Economy, both at the multilateral level and in bilateral relations. In this latter field, note the relations with Portugal, a country with which a Memorandum of Understanding (MoU) was signed as a result of a similar view on how to work for Social Economy, as shown in the analysis of the Portuguese Social Economy Act approved in 2013. Portuguese authorities have made great progress in the development and impetus of Social Economy in the last years and both countries have benefited from mutual knowledge and experiences. For Spain, there is particular interest in Portuguese Social Economy’s experience in preparing satellite accounts, which is an international reference. It is worth mentioning the collaboration between both countries in the Luxembourg Declaration Follow-up Committee. This year Spain boasts the presidency, hosting a meeting, on May 28th, with high level representatives from 16 European Union Member States, as well as European institutions (European Commission and European Parliament), European and international organisations (European Economic and Social Committee, OECD, ILO) and associations representing Social Economy. Given that in the coming year, 2021, Portugal will chair the group (coinciding with the rotating Presidency of the Council), broad collaboration is expected that will allow continuing expansion of the group and, as a consequence, the weight of Social Economy in the European Union. This collaboration will be key to the European Action Plan on Social Economy, which, under the leadership of Commissioner Schmit, will see light in the second half of 2021. The succession of presidencies of the Luxembourg Committee, as well as Portugal’s Presidency of the Council in 2021, provided an opportunity for both countries to unite strengths and influence to potentiate Social Economy. Furthermore, beyond Europe, in the last meeting of the Committee, Spain and Portugal coincided in highlighting the need to reinforce cross-border relationships, the issue raised in the MoU with the possibility of including Social Economy in the Agenda of Ibero-American Summits, which must continue to be developed in coming months. It is worth mentioning, therefore, the existing alignment with respect to Social Economy between both governments, which benefits, furthermore, from the good relations between their reference organisations in the scope of Social Economy, CEPES in Spain and CASES in Portugal, whose work is critical for make us meet the specific demands of the sector. As is evident from these lines, Spanish Social Economy is a genuine economic and social spearhead for our country, which showed during the recent pandemic its commitment to the values and principles that make our societies stronger. The Government of Spain works and collaborates with sector agents to continue facilitating the visibility of their input and development. We are very attentive to countries in our surroundings to work together in the fields that favour Social Economy. Portugal stands out among such countries, due to the close bonds that unite us and full understanding of the value of Social Economy. This space of confluence is allowing both countries to discuss their relationships and work together for the consolidation of Social Economy at European level. |