CRIPTOMONEDAS SOCIALES COMPLEMENTARIAS
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COMPLEMENTARY SOCIAL CRYPTOCURRENCIES
AN ALTERNATIVE TO COOPERATIVE FINANCING |
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JUAN JESÚS GÓMEZ ÁLVAREZ
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RESUMEN
En un entorno digital como el actual han aparecido nuevas formas de financiación y de pago basados en la tecnología “blockchain”, destacando especialmente las criptomonedas y los tokens. No obstante, a estos últimos se ha añadido un nuevo agente, la criptomoneda social complementaria. A través del presente trabajo será realizado un análisis de sus características principales, pudiendo desempeñar un papel crucial como modelo alternativo y complementario de financiación para las cooperativas. |
ABSTRACT
In today's digital environment, new forms of financing and payment based on blockchain technology have emerged, with cryptocurrencies and tokens being particularly prominent. However, another new player has joined these: the complementary social cryptocurrency. Through this work, an analysis is conducted of their main characteristics, showing their potential role as a crucial alternative and complementary financing model for cooperatives. |
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1. INTRODUCCIÓN
Cuando apareció la primera criptomoneda en el año 2009, basada en la tecnología Blockchain[1], poco se conocida hasta la fecha de cuál sería el impacto en nuestra forma de comerciar, invertir, firmar contratos o incluso de entender el arte[2]. Actualmente, existen más de diez mil criptodivisas diferentes y cada día continúan incorporándose nuevas al mercado. Una de las criptomonedas más llamativas es la basada en un “meme”, la “Pepe Coin”, figura popularizada en las redes sociales con cuerpo de rana humanoide que, desde su aparición el pasado mes de abril, ha adquirido la posición número 57º en la clasificación ofrecida por la plataforma CoinGecko[3], donde se registran todas las criptomonedas actuales, y cuya capitalización en el mercado ha superado los 3 mil millones de euros, convirtiéndose en un mero ejemplo del enorme potencial de estos activos. Tras la masificación del uso de las criptomonedas, las principales potencias bancarias y los Estados, alarmados por la pérdida de su soberanía monetaria, comenzaron a implementar una batería de medidas que regularizaran su uso. Fruto de ello es el enorme intervencionismo en Estados Unidos a través de la Comisión de la Bolsa y Valores (SEC), mediante la limitación del sistema de emisión y recompensas en criptoactivos, el Reglamento MiCA en Europa ligado a las stable coin o la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y Servicios de la Inversión en España, que designa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como autoridad competente para la supervisión de la emisión, oferta y admisión a negociación de determinados criptoactivos que no sean instrumentos financieros. A esta realidad virtual no han tardado en incorporarse las criptomonedas sociales. Un tipo de activos digitales basados en la misma tecnología y con estructura similar, pero funcionalmente diferentes. Las criptomonedas cumplen con las tres finalidades del dinero fiduciario, esto es, ser instrumento de intercambio, unidad de cuenta y depósito valor. Gracias a su volatibilidad en el mercado, su enorme rendimiento económico y las recompensas recibidas a través de su minado, se han convertido con rapidez en objeto de especulación e inversión[4]. En oposición, las criptomonedas sociales limitan su funcionalidad a la de instrumento de intercambio en la prestación de bienes y servicios, orientándose especialmente a las empresas sociales ya que por sus valores y principios se complementan de forma idónea como modelo de financiación alternativo[5]. En cualquier caso, aunque las criptodivisas han allanado el camino hacia una nueva forma de entender los intercambios de bienes y servicios e incentivar la inversión y la financiación, han traído aparejadas una serie de incógnitas en su tratamiento tributario. 2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CRIPTODIVISAS Son numerosos los países que han comenzado a regularizar normativamente el uso de criptoactivos. De este modo encontramos, ejemplificativamente: a Japón a través del JASMY, la primera criptomoneda que cotiza en la bolsa Japonesa; Corea del Sur que ha adoptado medidas para normalizar el uso del Bitcoin y están trabajando en la creación de una moneda digital propia; Brasil que se encuentra en los últimos trámites de aprobar una Ley que regularice los intercambios e inversión llevados a cabo con criptomonedas; Francia que las ha reconocido como un activo intangible, fungible legal e intercambiable de manera similar al dinero fiduciario; o Malta que ha sido calificada de paraíso “cripto” por ser, no solo el primer país en desarrollar un marco jurídico propio y regularizar su contabilidad, sino por su laxa fiscalidad. Pese a ello, en España aún no gozamos de un marco jurídico propio que conceptualice con precisión las criptomonedas. Han sido definidas por la doctrina desde diferentes perspectivas. Entre ellas encontramos: título valor, instrumento financiero, bien mueble digital o divisa virtual privada, siendo esta última la que mayor aceptación ha tenido por la doctrina científica. Resulta especialmente interesante ofrecer una aproximación conceptual, pues de ello dependerá cuál será su tratamiento jurídico, las obligaciones y derechos que otorgaran a sus usuarios, y lo que más inquietud representa para estos, cuál será su tributación. La Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, que ha modificado la Directiva Europea 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, define las monedas virtuales en su apartado artículo 1d) como una: «representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos». Así mismo, aclara que, aunque pueden constituir «un medio de pago contractual, lícito y válido entre las partes», no tienen, «por el momento, la naturaleza del dinero de curso legal [ni] del denominado dinero electrónico», sin perjuicio de su utilización como medios de inversión o producto de reserva valor[6]. La Agencia Tributaria en España las ha calificado como: «bienes inmateriales, computables por unidades o fracciones de unidades, que no son moneda de curso legal, pero que se utilizan como medio de pago al poder ser intercambiados por otros bienes, incluyendo otras monedas virtuales, derecho o servicios si se aceptan por la persona o entidad que transmite el bien o derecho o presta el servicio». Sin embargo, consideramos que estas definiciones solo se centran en uno de los usos del dinero, el de instrumento de intercambio, dejando de lado los otros dos usos que veíamos ut supra como son bien de inversión y reserva valor, funciones clave que despiertan especial interés para los inversores y mineros[7]. Pensemos que, actualmente, se han previsto múltiples usos para las criptomonedas. Al margen de la tokenización de inmuebles, los Smart contracts o NFT enfocados en los tokens[8], se ha planteado la posibilidad de realizar aportaciones como parte de capital social a empresas[9] o incluso donaciones a entidades sin ánimo de lucro (ENL) basadas en criptomonedas. Resulta evidente que esto abre la puerta a modelos de financiación innovadores y disruptivos que seguirán planteando dificultades de carácter interpretativo en el futuro. El Parlamento Europeo ha aprobado una regulación que unifica los criterios y el uso de estos instrumentos a través del denominado Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos (MiCA)[10], que tiene prevista su entrada en vigor a mediados de 2024. Entre los principales objetivos se encuentran:
Aunque consideramos que los pilares sobre los que se sustentan podrán ayudar eliminar ciertas sombras en cuanto a su calificación jurídica y generalizar su uso, consideramos que su referencia exclusiva a las denominadas stable coin y la omisión de aspectos tributarios no ayudará a crear un tratamiento fiscal homogéneo en la Unión Europea[11]. [1] La tecnología blockchain ha sido descrita como un libro contable descentralizado[1] donde se almacenan en grupos de bloques transacciones individuales de forma cronológica e inalterable y actualizable únicamente por consenso entre las partes. En la mayoría de los casos esta descentralizada a través de un sistema integrado de ordenadores que operan entre sí y trabajan en sintonía (peer to peer o P2P) a cuya dirección se encuentran asociadas unas claves que permiten el acceso a la moneda, estas reciben el nombre de monederos o wallet, almacenables, a su vez, en soporte físico o electrónico del titular o terceros. Es lo que se ha catalogado como tecnología de registros distribuidos (DLT), es decir, una base de datos de operaciones distribuida en una red de múltiples ordenadores. Sin embargo, en ocasiones esta descentralización no existe, sino que opera como una base de datos encriptada centralizada, dando lugar a lo que se conoce como tokens y Smart Contract. Estos pueden estar creados y regulados por el mismo órgano. En este caso se eliminan los protocolos de encriptación anteriores previos a las ejecuciones de las transacciones, es decir, con anterioridad al “cierre del libro contable”, de tal forma que la operación se agiliza y se reducen costes. Vid. Banco Central Europeo (2017).: ¿Cómo podría la nueva tecnología transformar los mercados financieros? Disponible en: https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/distributed_ledger_technology.es.html.
[2] Sieira Gil, J., & Campuzano Gómez Acebo, J. “Blockchain”, “tokenización” de activos inmobiliarios y su protección registral”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 775, 2277–2318, 2019; Alvarado Bayo, M.C & Supo Calderón, D. “Metaverso y Non-Fungible Tokens (NFTs): Retos y Oportunidades desde la perspectiva del derecho de marcas”, IUS ET VERITAS, n.º 64, 115–134, 2022. Disponible en : https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/25672. [3] Precios de las criptomonedas según su capitalización de mercado. Disponible en: https://www.coingecko.com/es. [4] Sobre los factores que afectan a la fluctuación de los criptoactivos calificados de volátiles, Véase: Lamothe Fernández, P., Lamothe López, P., Fernández Gámez, M. A., & Fernández Miguélez, S. M. “Identificación de factores de influencia en el precio de las criptomonedas: evidencia para bitcoin y Ethereum”, Cuadernos Económicos de ICE, n. º100: 215-2233, 2020.DOI https://doi.org/10.32796/cice.2020.100.7126; [5] Corrons Giménez, A., & Gil Ibáñez, M. “¿Es la tecnología blockchain compatible con la Economía Social y Solidaria? Hacia un nuevo paradigma”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, n.º 95: 191-215, 2019. DOI: 10.7203/CIRIEC-E.95.12984. [6] Considerando 10 de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE. [7] La DGT se ha pronunciado sobre los Tokens con base en los comunicados de la CNMV y el Banco de España. [8] LA CNMV y el Banco de España en un comunicado conjunto aclaró que, los tokens respondían de manera tradicional a la siguiente clasificación: los Security Tokens, los cuales otorgan participación en ingresos futuros o el aumento de valor de una entidad emisora; los Utility Tokens, ofrecen derecho a acceder a un servicio o recibir un producto. Estos, con ocasión de la oferta, responden a expectativas de revalorización y la posibilidad de negociarlos en mercados específicos. [9] Para otros autores como Rabasa Martínez (2018), dada sus características podría encuadrarse dentro del capital social de la empresa. Aunque los artículos 58 y 61.2 de la Ley de Sociedades de Capital permiten la incorporación de otras monedas como parte del capital de la empresa, esta debe ser de curso legal, por lo que difícilmente se pueden integrar dentro de él. No obstante, pueden quedar encuadradas como aportaciones no dinerarias, siendo su valor económico el que tengan en el momento de la efectiva aportación. [10] Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937. [11] En este sentido, Boletto, G: “Le criptovalute nel sistema tributario: prime reflessioni sull’ esperienza italiana”, Diritto e Pratica Tributaria, n. º5: 1974, 2021. |
1. INTRODUCTION
When the first cryptocurrency appeared in 2009, based on blockchain technology[1], little was known about what its true impact would be on our way of conducting commerce, investing, signing contracts, or even understanding art[2]. Today, there are more than ten thousand different cryptocurrencies, with new ones continuing to enter the market every day. One of the most striking cryptocurrencies is one based on a “meme”, “Pepe Coin”, a frog-like humanoid character popularized on social networks, which, since its launch last April, has reached the 57th position in the CoinGecko ranking[3], where all current cryptocurrencies are listed, and whose market capitalization has exceeded 3 billion euros. This serves as a mere example of these assets’ enormous potential. After the massive adoption of cryptocurrencies, the major banking powers and states, alarmed by the loss of monetary sovereignty, began implementing a battery of measures to regulate their use. This has led to considerable regulatory intervention in the United States via the Securities and Exchange Commission (SEC), through limitations on the issuance and rewards systems linked to crypto assets, to the MiCA Regulation in Europe focusing on stablecoins, or Spain’s Law 6/2023, of March 17, on Securities Markets and Investment Services, which appoints the Spanish National Securities Market Commission (CNMV) as the competent authority to supervise the issuance, offering, and admission to trading of certain crypto assets that are not classified as financial instruments. Into this digital landscape, social cryptocurrencies have quickly entered. These are digital assets based on the same technology and with a similar structure, yet functionally different. Cryptocurrencies fulfill the three functions of fiat money: they act as a means of exchange, a unit of account, and a store of value. Thanks to their market volatility, enormous potential returns, and the rewards generated through mining, they have quickly become objects of speculation and investmen[4]. Conversely, social cryptocurrencies restrict their functionality to that of a means of exchange for goods and services, focusing particularly on social enterprises, as their values and principles make them an ideal complementary financing model[5]. However, although cryptocurrencies have paved the way for a new way of understanding exchanges and incentivizing both investment and financing, they have also raised a set of questions regarding their tax treatment. 2. CURRENT SITUATION OF CRYPTOCURRENCIES Numerous countries have begun to introduce regulatory frameworks for the use of crypto assets. For example: Japan has launched JASMY, the first cryptocurrency listed on the Japanese Stock Exchange; South Korea has adopted measures to normalize Bitcoin usage and is developing its own digital currency; Brazil is in the final stages of approving a law to regulate cryptocurrency exchanges and investment; France recognizes them as intangible assets, fungible in law and interchangeable similarly to fiat money; Malta, considered a "crypto" haven, is not only the first country to develop its own legal framework and regulate crypto accounting, but also does so with lax taxation. Nevertheless, Spain still lacks a dedicated legal framework to precisely define cryptocurrencies. Academia has formulated various definitions: security, financial instrument, digital tangible asset, or private virtual currency, the last being the one most widely accepted by the scientific community. It is particularly relevant to offer a conceptual approach, as this will determine their legal treatment, the obligations and rights granted to their users, and, most concerningly for many, their tax status. Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council, of 30 May, amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, defines virtual currencies in Article 1(d) as: «a digital representation of value that is not issued or guaranteed by a central bank or public authority, is not necessarily attached to a legally established currency, and does not possess the legal status of currency or money but is accepted by natural or legal persons as a means of exchange and can be transferred, stored and traded electronically». Additionally, it clarifies that, although they may constitute «a contractual, lawful and valid means of payment between the parties», they do not have, «at present, the status of legal tender or of so-called electronic money», notwithstanding their use as investment vehicles or as a store of value[6]. Spain’s Tax Agency defines them as: «intangible goods, measurable by units or fractions of units, that are not legal tender but are used as a means of payment since they can be exchanged for other goods, including other virtual currencies, rights, or services, if accepted by the person or entity transferring the good or right or providing the service». However, these definitions focus only on one of the functions of money: that of a means of exchange, while neglecting its other two functions, referred to above: investment vehicle and store of value-key features that are especially relevant to investors and miners.[7]. Currently, multiple uses for cryptocurrencies are being explored. Beyond the tokenization of real estate, smart contracts, or NFT applications[8], the possibility has arisen to make contributions to a company’s share capital [9] or to make donations to non-profit organizations (NPOs) using cryptocurrencies. Clearly, this opens the door to innovative and disruptive financing models that will continue to pose interpretative challenges in the future. The European Parliament has approved a regulation harmonizing the criteria and use of these instruments through the so-called Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA) [10], due to take effect by mid-2024. Among its main objectives are:
Although the underlying principles may help clear up certain uncertainties regarding their legal characterization and promote their use, the exclusive focus on stablecoins and omission of tax issues may not help in establishing uniform tax treatment across the European Union[11]. [1] Blockchain technology has been described as a decentralized ledger where individual transactions are chronologically and immutably stored in groups of blocks, and can only be updated by consensus among the parties. In most cases, it is decentralized through an integrated system of computers that operate with each other and work in unison (peer to peer, or P2P). Each address is associated with keys that enable access to the currency, which are referred to as wallets, and which can be stored either physically or electronically by the holder or by third parties. This is what has come to be known as distributed ledger technology (DLT), that is, a database of transactions distributed across a network of multiple computers. However, in some cases, this decentralization does not exist, and instead, it functions as a centralized encrypted database, giving rise to what are known as tokens and Smart Contracts. These can be created and regulated by the same entity. In such cases, previous encryption protocols prior to the execution of transactions are eliminated, that is, before the "ledger is closed", thereby streamlining the operation and reducing costs. See: European Central Bank (2017). How could new technology transform financial markets?
Available at: https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/distributed_ledger_technology.es.html. [2] Sieira Gil, J., & Campuzano Gómez Acebo, J. “Blockchain”, “tokenización” de activos inmobiliarios y su protección registral”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 775, 2277–2318, 2019; Alvarado Bayo, M.C & Supo Calderón, D. “Metaverso y Non-Fungible Tokens (NFTs): Retos y Oportunidades desde la perspectiva del derecho de marcas”, IUS ET VERITAS, n.º 64, 115–134, 2022. Available at: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/25672. [3] Cryptocurrency Prices According to Market Capitalization. Available at: https://www.coingecko.com/es. [4] On the factors affecting the fluctuation of cryptoassets described as volatile, See: Lamothe Fernández, P., Lamothe López, P., Fernández Gámez, M. A., & Fernández Miguélez, S. M. “Identificación de factores de influencia en el precio de las criptomonedas: evidencia para bitcoin y Ethereum”, Cuadernos Económicos de ICE, n. º100: 215-2233, 2020.DOI https://doi.org/10.32796/cice.2020.100.7126; [5] Corrons Giménez, A., & Gil Ibáñez, M. “¿Es la tecnología blockchain compatible con la Economía Social y Solidaria? Hacia un nuevo paradigma”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, n.º 95: 191-215, 2019. DOI: 10.7203/CIRIEC-E.95.12984. [6] Recital 10 of Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. [7] The DGT has issued its opinion on Tokens based on the communications of the CNMV and the Bank of Spain. [8] The CNMV and the Bank of Spain in a joint communiqué clarified that the tokens traditionally responded to the following classification: Security Tokens, which grant participation in future income or the increase in value of an issuing entity; Utility Tokens, which offer the right to access a service or receive a product. Utility tokens offer the right to access a service or receive a product. These tokens, when offered, respond to expectations of appreciation and the possibility of trading them on specific markets. [9] For other authors, such as Rabasa Martínez (2018), given its characteristics, it could be included in the company's capital stock. Although articles 58 and 61.2 of the Capital Companies Act allow the incorporation of other currencies as part of the capital of the company, this must be legal tender, so they can hardly be integrated within it. However, they can be included as non-monetary contributions, their economic value being that which they have at the time of the effective contribution.. [10] Regulation of the European Parliament and of the Council on cryptoasset markets and amending Directive (EU) 2019/1937. [11] In this regard, Boletto, G: “Le criptovalute nel sistema tributario: prime reflessioni sull’ esperienza italiana”, Diritto e Pratica Tributaria, n. º5: 1974, 2021. |
