DANIEL HERNÁNDEZ CÁCERES
Doctor en Derecho por la Universidad de Almería con la calificación de sobresaliente “Cum Laude” y mención de doctorado internacional, y Licenciado en Arquitectura por la Universidad de Granada. Fue contratado predoctoral FPU del Ministerio de Universidades (2018-2023). Obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Estudios de Grado UAL (2017-2018) y el Premio Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada al Mejor Expediente. También realizó el Máster en Economía Social de la Universidad de Valencia con Premio Extraordinario (2018-2019). Es autor de varias publicaciones sobre cooperativismo habiendo obtenido por algunas de ellas varios galardones científicos. |
1. Introducción
Las conocidas como cooperativas sociales, son una clase de cooperativa que a través de la producción de bienes o la prestación de servicios de interés general, satisfacen necesidades de la comunidad en la que se insertan o de un grupo objetivo específico de personas vulnerables, por lo que sirven a intereses más amplios que los de sus miembros y que están sometidas a un régimen económico, más o menos intenso, que trata de evitar la distribución directa e indirecta de los excedentes y del patrimonio de la cooperativa y que, en su lugar, estos se destinen a la consecución de fines de interés general[1]. Esta clase de cooperativas sociales surgieron ligadas al fenómeno de las empresas sociales[2], cuyos primeros trabajos doctrinales desarrollados en Italia en 1990, elaboraron una concepción de este tipo de empresa con muchas semejanzas con la figura tradicional de las cooperativas, aunque con ciertas adaptaciones[3]. Precisamente un año después, en 1991, el Parlamento italiano aprobó la Ley de cooperativas sociales (Legge 8 novembre 1991, n.381) la cual es considerada como la primera regulación de este tipo de cooperativas. Tras esta norma, los legisladores europeos encontraron la forma de las cooperativas sociales como la más apropiada, o la más natural, para encuadrar el fenómeno de las empresas sociales[4], lo cual propició el auge extraordinario de estas figuras por toda Europa[5], llegando también a España y Portugal. Así, en Portugal se regularon las cooperativas de solidaridad social a través de una norma específica para ellas, el Decreto-Ley n.º 7/98, de 15 de enero (en adelante DL7/98), alcanzando las 174 cooperativas constituidas en 2017[6]. Mientras que su incorporación en España se produjo en las propias leyes de cooperativas, lo que, debido a la distribución de competencias para legislar sobre cooperativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas[7], ha provocado que el desarrollo legislativo de estas figuras y su análisis sea más complejo. De modo que en España su incorporación se ha producido tanto en la propia estatal de cooperativas, la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (en adelante LCOOP), a través de la regulación de las cooperativas de iniciativa social, como en las diecisiete normas de cooperativas autonómicas en vigor. Por otro lado, los legisladores autonómicos han regulado estas figuras con diferentes nombres a los propuestos por la norma estatal, como, por ejemplo, cooperativas de interés social, de integración social o de servicios sociales; e incluso, en algunos casos, también han dividido y distribuido las actividades sociales que suelen desarrollar estas cooperativas en dos clases de cooperativas independientes. Todo ello ha contribuido a aumentar la complejidad a la hora de estudiar estas figuras. Por otra parte, su implantación en el territorio español ha sido desigual, concentrándose el 80% de la 607 cooperativas sociales que había en el año 2017 en cuatro Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid[8]. Con base en estas cifras, y dado que en este trabajo disponemos de una extensión limitada, de la legislación española únicamente se analizarán las cooperativas de estas comunidades autónomas[9] junto con las de la ley estatal, por ser la norma de referencia en la que se basaron muchas de las legislaciones cooperativas autonómicas a la hora de regular esta figura. De forma que en este trabajo se analizarán las cooperativas de iniciativa social estatales, catalanas, vascas y madrileñas (art. 106 LCOOP, art. 143 LCC, art. 107 LCCM y art. 156.3 LCPV); las cooperativas de integración social andaluzas, vascas y madrileñas (art. 100 RLSCA, art. 133 LCPV, art. 121 LCCM); y las cooperativas de interés social andaluzas (art. 94 LSCA). Para la comparación de estas figuras analizaremos tres de las principales características que permiten identificar a las cooperativas sociales según la Organización Internacional de Cooperativas Industriales y de Servicios (CICOPA)[10] y parte de la doctrina[11]: su objeto social, su régimen económico y la posible presencia de otras partes interesadas en la cooperativa. [1]Vid. HERNÁNDEZ CÁCERES, D., “Las cooperativas sociales como manifestación del principio cooperativo de interés por la comunidad”, en Innovación social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, AGUILAR RUBIO (Dir.), Madrid, Marcial Pons, 2022, pp. 79-98. [2] EMES, Las empresas sociales y sus ecosistemas en Europa. Informe comparativo, 2020, p.42. [3]Vid. VARGAS, C., “La empresa social concepto, regulación en Europa y propuestas de lege ferenda para el ordenamiento español”, Responsabilidad, Economía e Innovación social corporativa, VARGAS (dir.), HERNÁNDEZ (coord.), Madrid, Marcial Pons, 2021, p. 317. [4] En estos términos se pronuncia FICI, A., Social Enterprise Laws In Europe After the 2011 «Social Business Initiative». A comparative analysis from the perspective of worker and social cooperatives, Bruselas, CECOP, 2020, p.17. [5] En este sentido DEFOURNY, J. y NYSSENS, M., “Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States, Convergences and Divergences”, Journal of Social Entrepreneurship, núm. 1(1), 2010, p. 33. [6] CASES - COOPERATIVA ANTÓNIO SÉRGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL, CASES | A realidade estatística das Cooperativas de Solidariedade Social em Portugal (2017-2018), 2020, p.11. [7] La competencia para la legislar sobre cooperativas recae tanto en el Estado, como en las Comunidades Autónomas que hayan asumido dicha competencia en su Estatuto de autonomía, así lo decretó la Sentencia del Tribunal Constitucional 72/1983. En la actualidad, todas las Comunidades Autónomas han regulado dicha competencia en sus Estatutos, por lo que tras la aprobación de las últimas normas autonómicas, en España contamos con una ley estatal y 17 leyes autonómicas de cooperativas. La ley estatal únicamente se aplicará a aquellas cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal, así como a aquellas que la realicen principalmente en las ciudades de Ceuta y Melilla (art. 2 LCOOP). Mientras que las leyes autonómicas se aplicarán cuando las cooperativas desarrollen su actividad cooperativizada principalmente en el territorio de una Comunidad Autónoma, quedando sometidas a la ley cooperativa de dicho territorio. [8] BRETOS, I., DÍAZ-FONCEA, M. y MARCUELLO, C., «La Cooperativa de Iniciativa Social: un modelo de Empresa Social en España», REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, 2020, núm. 135, p.5 [9] Las leyes autonómicas de cooperativas a analizar son las siguientes: Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (en adelante LSCA) y Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (en adelante RLSCA). Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas de Cataluña (LCC). Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi (en adelante LCPV). Ley 2/2023, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid (en adelante LCCM). [10] CICOPA es una organización sectorial es de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) que identificó 5 características que contribuirían a definir a este tipo de cooperativas: 1. Misión explícita de interés general, 2. Carácter no estatal, 3. Estructura de múltiples partes interesadas, 4. Representación sustancial de los socios trabajadores en todos los niveles posibles de la estructura de gobierno y 5. No distribución o distribución limitada de los excedentes. CICOPA, World Standards of Social Cooperatives, 2004, p.1. [11] HERNÁNDEZ CÁCERES, D. “Las cooperativas sociales…”, ob cit, pp. 81-82. * Este trabajo es uno de los resultados de la estancia de investigación realizada en el Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto (CEOS.PP) bajo la dirección de la Profesora Deolinda Meira en 2023, financiada con el proyecto de I+D+i PID2020-119473GB-I00 orientado a Retos de la Sociedad, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación MCIN/AEI/10.13039/501100011033/, titulado “Las empresas sociales. Identidad, reconocimiento de su estatuto legal en Europa y propuestas para su regulación en España”, concedido al Centro de Investigación CIDES de la Universidad de Almería.
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1. Introduction
The entities known as social cooperatives are a type of cooperative that, by producing goods or providing services of general interest, satisfies the needs of the community in which they operate or of a specific target group of vulnerable people. Consequently, they serve broader interests than those of their members. These cooperatives are subject to an economic regime, more or less stringent, aimed at preventing the direct and indirect distribution of the cooperative's surpluses and assets, and instead use them to achieve general interest objectives[1]. This type of cooperative emerged in connection with the phenomenon of social enterprises[2]. The initial doctrinal works on social enterprises, originating in Italy in 1990, formulated a concept for such enterprises bearing striking similarities to the traditional cooperative model, albeit with certain adaptations[3]. Notably, a year later, in 1991, the Italian Parliament approved the Law on Social Cooperatives (Legge 8 Novembre 1991, n.381), recognized as the first regulation of this type of cooperative. Following this legislation, European lawmakers identified the social cooperative framework as the most appropriate, or natural means to encapsulate the phenomenon of social enterprises[4]. This development facilitated the extraordinary proliferation of these entities throughout Europe[5], extending their influence to Spain and Portugal as well. In Portugal, social solidarity cooperatives were regulated through a specific law, Decree-Law No. 7/98, of January 15 (hereinafter DL7/98), encompassing the 174 cooperatives established in 2017[6]. In contrast, their incorporation in Spain occurred within the cooperative laws themselves. Due to the distribution of legislative competencies between the State and the Autonomous Communities regarding cooperatives[7], this has made the legislative development and analysis of these entities more complex. In Spain, their inclusion took place not only in the national cooperative law, Law 27/1999, of July 16, on Cooperatives (hereinafter LCOOP), through the regulation of social initiative cooperatives, but also in the seventeen autonomous cooperative laws currently in force. Furthermore, regional lawmakers in Spain have regulated these entities with different names than those proposed by the national law, such as social interest cooperatives, social integration cooperatives, or social services cooperatives. In some instances, they have even divided and distributed the social activities typically carried out by these cooperatives into two classes of independent cooperatives. All of these factors have contributed to increasing the complexity of studying these entities. On the other hand, their implementation in the Spanish territory has been uneven, with 80% of the 607 social cooperatives in 2017 concentrated in four Autonomous Communities: Andalusia, Catalonia, the Basque Country, and Madrid[8]. Based on these figures, and given the limited space available, we will only analyze the cooperatives from these autonomous communities[9] and those regulated by the state law, as it served as a reference for many of the autonomous cooperative legislations when regulating this entity. De Therefore, this study will examine the state, Catalan, Basque, and Madrid social initiative cooperatives (art. 106 LCOOP, art. 143 LCC, art. 107 LCCM y art. 156.3 LCPV); he Andalusian, Basque, and Madrid social integration cooperatives (art. 100 RLSCA, art. 133 LCPV, art. 121 LCCM); and the Andalusian social interest cooperatives (art. 94 LSCA). For the comparison of these entities, we will analyze three key characteristics that allow for the identification of social cooperatives according to the International Organization of Industrial and Service Cooperatives (CICOPA) [10] and part of the academia[11]: their social purpose, economic framework, and the potential involvement of other stakeholders in the cooperative. [1] HERNÁNDEZ CÁCERES, D., “Las cooperativas sociales como manifestación del principio cooperativo de interés por la comunidad”, in Innovación social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, AGUILAR RUBIO (Dir.), Madrid, Marcial Pons, 2022, pp. 79-98. [2] EMES, Las empresas sociales y sus ecosistemas en Europa. Informe comparativo, 2020, p.42. [3] VARGAS, C., “La empresa social concepto, regulación en Europa y propuestas de lege ferenda para el ordenamiento español”, Responsabilidad, Economía e Innovación social corporativa, VARGAS (dir.), HERNÁNDEZ (coord.), Madrid, Marcial Pons, 2021, p. 317. [4] In these terms FICI, A., Social Enterprise Laws In Europe After the 2011 «Social Business Initiative». A comparative analysis from the perspective of worker and social cooperatives, Bruselas, CECOP, 2020, p.17. [5] DEFOURNY, J. y NYSSENS, M., “Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States, Convergences and Divergences”, Journal of Social Entrepreneurship, núm. 1(1), 2010, p. 33. [6] CASES - COOPERATIVA ANTÓNIO SÉRGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL, CASES | A realidade estatística das Cooperativas de Solidariedade Social em Portugal (2017-2018), 2020, p.11. [7] The competence to legislate on cooperatives lies with both the State and the Autonomous Communities that have assumed such competence in their Statute of Autonomy, as ruled by Constitutional Court Judgment 72/1983. Currently, all Autonomous Communities have regulated this competence in their Statutes, so after the approval of the latest regional regulations, Spain has a national cooperative law and 17 autonomous cooperative laws. The national law will only apply to cooperatives that carry out their cooperative activity in the territory of several Autonomous Communities, except when it is primarily developed in one of them, as well as those that operate mainly in the cities of Ceuta and Melilla (Art. 2 LCOOP). Meanwhile, autonomous laws will apply when cooperatives primarily carry out their cooperative activity in the territory of one Autonomous Community, being subject to the cooperative law of that territory. [8] BRETOS, I., DÍAZ-FONCEA, M. y MARCUELLO, C., «La Cooperativa de Iniciativa Social: un modelo de Empresa Social en España», REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos, 2020, núm. 135, p.5 [9] The autonomous laws of cooperatives to be analyzed are the following: Law 14/2011, of December 23rd, of Andalusian Cooperative Societies (hereinafter LSCA) and Decree 123/2014, of September 2nd, approving the Regulation of Law 14/2011, of December 23rd, of Andalusian Cooperative Societies (hereinafter RLSCA). Law 12/2015, of July 9th, on cooperatives in Catalonia (LCC). Law 11/2019, of December 20th, on Euskadi Cooperatives (hereinafter LCPV). Law 2/2023 of February 24th on Cooperatives of the Community of Madrid (hereinafter LCCM). [10] CICOPA is a sectoral organization of the International Cooperative Alliance (ICA) which identified 5 characteristics that would help define this type of cooperatives: 1. Explicit general interest mission, 2. Non-state character, 3. Multi-stakeholder membership structure, 4. Substantial representation of working members and 5. Non or limited distribution of surplus. CICOPA, World Standards of Social Cooperatives, 2004, p.1. [11] HERNÁNDEZ CÁCERES, D. “Las cooperativas sociales…”, ob cit, pp. 81-82. This work is one of the results of the research stay conducted at the Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto (CEOS.PP) under the guidance of Professor Deolinda Meira in 2023, funded by the R&D project PID2020-119473GB-I00 aimed at Social Challenges, funded by the Ministry of Science and Innovation and the State Research Agency MCIN/AEI/10.13039/501100011033/, entitled “Social enterprises. Identity, recognition of its legal status in Europe and proposals for its regulation in Spain”, granted to the CIDES Research Centre of the University of Almería.
Translated by CASES team (Filipa Farelo, Eduardo Pedroso and Edna Neves) |